En los años 50, el crecimiento demográfico derivado del proceso de industrialización da lugar a un acelerado y caótico crecimiento urbano carente de la más mínima planificación. El sector inmobiliario aprovecha la situación para convertir la construcción de la vivienda en un instrumento de acumulación de capital que condena a los vecinos a vivir en una ciudad extensa, inconexa y carente de los más elementales equipamientos públicos.
Los planes generales de ordenación urbana aprobados por los primeros ayuntamientos democráticos incorporan no pocas demandas vecinales, resolviendo así algunos déficit heredados. A partir de los 90, sin embargo, se retoma el modelo de crecimiento urbanístico exponencial urbanizando los suelos rústicos hasta el límite de la capacidad de crecimiento de los municipios para maximizar los beneficios del ciclo alcista del mercado inmobiliario.
En este tiempo, el movimiento vecinal ha plantado batalla a las políticas especulativas con el irrenunciable objetivo de hacer ciudad con criterios de sostenibilidad social, territorial y medioambiental.
La incisiva y durísima pelea, entre 1989 y 2000, contra las declaraciones de fincas en ruina, enarbolando la consigna “Contra la especulación, expropiación y rehabilitación”, colocan a la FRAVM y a las asociaciones vecinales del centro histórico como indiscutibles abanderadas de la preservación del patrimonio histórico y residencial.
La organización de los afectados por expedientes de ruina y la consecución de los realojos se simultanean con la exigencia de una profunda intervención municipal, regional y estatal para proteger y catalogar el patrimonio histórico de edificios emblemáticos más degradados —extensible a los municipios periféricos— o, lo que es lo mismo, la declaración de áreas de rehabilitación integral (ARI).
Tras un prolongado y persistente esfuerzo, en 1997 la AV La Corrala y la FRAVM consiguen el área de rehabilitación del sector 1 de Lavapiés, a la que seguirá, dos años más tarde, la periférica ARI de San Cristóbal de los Ángeles.